La lámpara de Aladdin

En 2006, la entonces Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez (PSOE), hizo caso omiso a las advertencias del Consejo de Estado y permitió que las empresas privadas que iban a hacerse cargo de la explotación de las radiales R3 y R5, así como de la circunvalación de Alicante en la AP-7 introdujesen una clausula de compensación en el convenio que se iba a firmar.

Esto implicaba que si la gestión de estas infraestructuras era favorable para las empresas adjudicatarias el Estado no percibiría ningún tipo de contraprestación pero, si por el contrario, la gestión resultaba deficitaria, el Estado cargaría con el saneamiento de las empresas. Algo que iba en contra del principio rector de convenios de infraestructuras viarias de 1972 (Ley 8/72 de 8 de mayo). Magdalena Álvarez estaba dando portazo a 34 años de experiencia en convenios en los que el riesgo recaía íntegramente en el adjudicatario, no en el Estado y de paso, saltándose la Ley. Esto es muy importante porque años más tarde será lo que aleguen los Tribunales para dar la razón a las empresas concesionarias: El propio Estado había asumido conscientemente ese riesgo a pesar de la advertencia del Consejo de Estado. El convenio pasó por el Consejo de Ministros e incluso hubo que diseñar un Real Decreto ad hoc para poder darle encaje legal. En 2006 nadie o casi nadie se percató de lo que se estaba perpetrando. Estábamos entretenidos con otras cosas. Por otra parte, como siempre. Siempre seguimos con la mirada en el dedo que señala hacia dónde debemos fijar nuestra atención. Poco importa que fuesen las manifestaciones a favor del matrimonio tradicional, el fútbol o el terrorismo callejero, lo que importaba era que no fijásemos la atención en esto. Y funcionó.

Las empresas adjudicatarias fueron Accesos de Madrid y Ciralsa. Empresas que financiaron la operación con deuda, no con recursos propios, y con el apalancamiento propio de los años de la burbuja. Es decir, el negocio consistía en no poner dinero, endeudarse completamente y ver si la operación resultaba rentable, para, en caso contrario, salirse y traspasar el convenio al Gobierno. En un negocio así es imposible perder dinero. Una retorcida forma de entender el emprendimiento.
Durante estos años, los ingresos de explotación de las radiales no se han cruzado con los gastos de explotación. Digamos que han seguido caminos paralelos. Se ha ido engordando una deuda sin ninguna intención de asumirla. Realmente, Magdalena Álvarez fue quien puso los cimientos de esta práctica. Así que la deuda ha llegado a la escalofriante cifra de 3.200 millones de euros. Para hacerse una idea hay que tener en cuenta que el presupuesto de Fomento para carreteras en 2017 es de 2.121 millones de euros. Pues bien, esos 3.200 millones de euros los vamos a pagar entre todos con nuestros impuestos.

Alguien puede pensar que ya que vamos a sanear unas infraestructuras deficitarias, al menos el negocio saneado va a pasar al Estado y, o bien va recuperar parte vía ingresos de explotación, o bien van a bajar el coste de los peajes. Pues no. Las cosas no funcionan así en España. Cuando lo saneemos entre todos, la gestión volverá a ser privada.

Accesos de Madrid estaba participada por Abertis (35%); Sacyr (25%); ACS (20%) y Bankia (20%). La flor y nata de las empresas vinculadas a escándalos de corrupción en pleno apogeo de la burbuja económica.

Ciralsa estaba participada por ACS (50%); Abertis (25%) y Bankia (25%).

Cuatro empresas. Aparentemente empresas completamente diferentes y sin relación entre ellas. ¿O sí? La hay.

BlackRock posee el 3,02% de las acciones de Abertis (tercer accionista independiente). Además, el 22,25% de Abertis es de la Caixa, y el 3,26% de la Caixa también es de BlackRock. Es decir, BlackRock es un accionista mayoritario dentro de un accionista mayoritario de Abertis, además de ser el tercer accionista independiente.

El 3,17% de ACS pertenece a BlackRock. Más del 1% de Bankia, también.

En Sacyr aparentemente, no está presente BlackRock, debido a que Sacyr no cotiza en el IBEX. Pero las participaciones declaradas solo son la punta del iceberg. Sacyr tiene una deuda descomunal. Ese dinero se lo debe a bancos nacionales y extranjeros, y BlackRock, con sus ocho billones de dólares, participa en todos los bancos. La deuda es poder y BlackRock tiene la llave de la deuda. Esto vale para las otras tres empresas que conforman las adjudicatarias.

El fundador y dueño de BlackRock se llama Larry Fink. Quizá no sea muy conocido en España pero es el principal accionista de Banco Santander y Telefónica y tiene invertidos 20.000 millones de euros en todas y cada una de las 35 principales empresas del país. Es decir, tiene en nómina al Congreso de los Diputados, al Senado, al Consejo de Ministros, al Presidente del Gobierno y, posiblemente, al Jefe del Estado. Además de poseer una parte relevante de la deuda pública y privada española. Porque no solo nos endeudan para empobrecernos, también les sirve para ganar poder sobre los ciudadanos.

El secreto mejor guardado de Larry Fink es la computadora que le acompaña desde 1988: Aladdin. Un programa informático que ha ido mejorándose año a año y que es diferente del resto. Aladdin no solo trata de forma masiva datos sobre los hechos relevantes de todos los países, es el primer programa que actúa sobre los datos y que interactúa con ellos. Simplificando mucho, no se limita a predecir el futuro de las inversiones, modifica el futuro para optimizar las inversiones.

Desde julio de 2016 (cuando aún no se conocía que íbamos a cargar con la deuda) las acciones de ACS han pasado de cotizar a 23,97 euros a 32,23 euros. Bankia, de 0,57 euros a 1,04 euros. Abertis de 12,46 a 15,80 euros. Sacyr de 1,35 a 2,23 euros.

La lámpara de Aladdin obra milagros. Incluso puso a Magdalena Álvarez de Vicepresidenta en el Banco Europeo de Inversiones. Nadie tiene más fácil para nombrar cargos en el BEI que quien controla a todos los bancos europeos.

¿Por qué Magdalena Álvarez introdujo esa clausula en 2006? ¿Cómo ha logrado BlackRock rentabilizar todo este despropósito con rentabilidades tan escandalosas? Hay muchas posibles respuestas. Yo tengo una y es que al genio de la lámpara le queda aún un deseo por pedir, que no sé cuál es, pero sé quién lo va a pagar: los de siempre, nosotros.

Texto: David Betancourt

    • Le aseguro que nuestro colaborador David Betancourt está muy bien informado. Contrastamos todo lo que llega, de todos modos, le invitamos a que aporte datos de su información. Gracias por colaborar con #LaPajarera

  1. Te contesto. La participación de BlackRock en las empresas que menciono es pública y aparece en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Ley 8/72 de 8 de mayo es pública y puede consultarse. Las empresas adjudicatarias de las autopistas son de dominio público. Si no son Ciralsa y Accesos de Madrid, te invito a que digas cuáles son. Que estas empresas están participadas por las cuatro empresas que menciono y en esos porcentajes, lo mismo. Las cotizaciones de estos valores lo puedes consultar en Google, más fácil, imposible. El dictamen del Consejo de Estado y el dictamen de los tribunales, lo mismo. Magdalena Álvarez existe, fue Ministra de Fomento, introdujo la claúsula que menciono en los contratos (algo que es público y conocido), fue imputada por los ERES y nombrada Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, a pesar de tener CERO experiencia en el sector bancario.

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