“Sin perímetros de seguridad ni registros de objetores. Las fallas en la ley del aborto un año después de su reforma”
El pasado lunes 2 de diciembre el Senado cedió a la Red Política de Valores una de sus salas para que se celebrara en ella la “VI Cumbre Transatlántica por la libertad y la cultura de la vida”, declarada abiertamente antiabortista, homófoba, xenófoba y antifeminista. Fuentes del Senado han explicado que se trató de una “cesión”, de modo que la Cámara alta se mantuvo ajena, sin aportar un miembro de la Mesa, como debiera haber sido en caso de que se tratara de un “acto”. Sin embargo, ello no exime a esta institución de haber atentado directamente contra las libertades humanas. La organización del evento confirmó la asistencia de 48 ponentes procedentes de una veintena de países y en él han tenido representación tanto el PP como Vox. Entre ellos se encontraba Carmen Fernández, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia y secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas, que achacó las bajas tasas de natalidad a un “totum revolutum de factores culturales, básicamente ligados a la pérdida de asidero religioso” y reivindicó el uso del rezo público frente a las clínicas abortivas. Hizo también acto de presencia María Calvo, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, con su alegato en favor de los roles de género tradicionales (“Nuestra feminidad, nuestra naturaleza irradia maternidad. Tenemos un espacio de acogida que reclama ser colmado”). Y junto a ella Ignacio Garriga, secretario general de Vox, con sus alusiones a Renaud Camus y la sustitución poblacional (“En una sociedad en la que sufrimos un grave invierno demográfico, algunos prefieren promover las políticas de sustitución en lugar de fomentar la natalidad y favorecer que los jóvenes puedan sacar adelante sus vidas”). Tampoco podía faltar al encuentro una de las puntas de lanza en la lucha contra el aborto a nivel internacional, Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior con el PP de 1996 a 2001, que abrió su intervención señalando como el “principal problema” de nuestra sociedad la tentativa declarada de “reemplazar un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social”.
Ideas de este tipo no se limitan únicamente al ámbito de las altas esferas políticas. Hace más de una década que el médico antiabortista Jesús Poveda lidera una red de acoso anclada ahora en las inmediaciones de la Clínica Dator contra las mujeres interesadas en interrumpir su embarazo de manera voluntaria. Dado que las acciones de este tipo se encuentran penalizadas con hasta doce meses de prisión por la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, el acoso antiabortista se ha sofisticado al amparo de los márgenes legales. Ahora, en lugar de acosar a las mujeres en plena calle, las abordan con el objeto de convencerlas para entrar en uno de estos locales legalmente adquiridos o alquilados, y que exhiben en sus entradas el logo de certificación “Madrid Excelente” que otorga la Comunidad. Así es como creen eludir la ley el refugio Provida, Mi primera ecografía, Red Madre, la Fundación Madrina y la Asociación de Ayuda a la Mujer Embarazada, cinco locales ubicados en un radio de 500 metros respecto de la Clínica Dator. La portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Sonia Lamas, asegura que el acoso es directo y diario. “A todas las mujeres que entran y salen de la clínica, estos grupos organizados las abordan, entran en su esfera más íntima entragándoles panfletos donde se les dice a las mujeres que si abortan pueden llegar a tener riesgo de suicidio o cáncer de mama”. Las trabajadoras también están expuestas a este acoso. Cuando no las tienen identificadas, éstas son abordadas como si fueran pacientes. Y cuando son ya rostros conocidos, son señaladas como “asesinas” o invitadas a renunciar a su puesto de trabajo a cambio de otro empleo. El abogado especialista en derecho al aborto, Jose Antonio Bosch, explica que “tendría que haber un perímetro o una zona de seguridad para que las mujeres que deciden abortar no se tengan que cruzar con ellos”, una medida que se aplica ya en Reino Unido desde marzo de 2023 en virtud de una Ley de Orden Público.
El derecho al aborto no sólo se está viendo alterado por estas modalidades de acoso. La ley de interrupción del embarazo en España se aprobó en 2010 y se reformó el 2 de marzo de 2023 con el objeto de que esta prestación fuera implementada en centros sanitarios públicos. Y, sin embargo, la mayoría de las Comunidades Autónomas siguen derivando esta prestación a centros privados: de las 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo que Sanidad registró en 2023, tan sólo 19.125 se realizaron en centros públicos (18,6%). La ley del aborto contempla también la entrega de un sobre (únicamente bajo petición de la paciente) con información sobre incentivos y ayudas al nacimiento, y una relación de centros donde recibir información y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, sexo seguro e interrupción del embarazo. Madrid, por su parte, no sólo entrega un listado de centros pertenecientes al sector privado, si no, además, de corte religioso. De las 30 entidades registradas, se ha obtenido información de 16, que entre los años 2010 y 2021 habrían recibido un monto de siete millones de euros, el 32% del total. Siete de ellas subscribieron el manifiesto “Sí a la vida 2021”, una marcha virtual contra el aborto: Fundación Universitaria CEU San Pablo, Fundación Madrina, Asociación Provida Alcalá de Henares, Fundación Maria Ayuda, Obra Social Ascensión Sánchez, Fundación Vida y Fundación Red Madre. Además, en los meses de septiembre y octubre de aquel mismo año tuvo lugar la iniciativa “40 días por la vida. El principio del fin del aborto”, que también referenció algunos centros para la “prevención del aborto” en las distintas Comunidades Autónomas. En Madrid, uno de los centros recomendados fue ese de la Asociación Provida de Alcalá de Henares.
Un año y siete meses después de su modificación, la ley del aborto no se cumple, aunque, en realidad, las Comunidades Autónomas llevarían más de una década ignorándola porque ya en su artículo 19, la norma de 2010 establecía que los sanitarios tenían derecho a objeción siempre y cuando el acceso y la calidad asistencial de la prestación no resultara menoscabada. Sin embargo, hasta la fecha de publicación de este artículo, faltan registros de objetores en al menos seis Comunidades Autónomas. Así lo revelan los portales de transparencia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y País Vasco. Como señala Sílvia Aldavert, coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, la finalidad del registro de objetores “no es la de señalar al profesional”, si no la de “planificar para que ningún servicio sanitario público pueda tener una objeción en bloque”, como sucedió en Navarra durante la pandemia de la COVID, cuando 248 mujeres tuvieron que desplazarse a otra Comunidad Autónoma para abortar por la objeción generalizada de los médicos. Sólo cuatro autonomías, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cantabria, han desarrollado hasta ahora este registro. En esta última, el 73% de los abortos practicados fueron realizados dentro del circuito de la sanidad pública, según el Informe de Sanidad de 2022. Concretamente, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El pasado 20 de febrero fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria la orden por la que se crea el registro de sanitarios objetores del aborto.
Circunstancias de este tipo obligan a muchas mujeres a costear de su propio bolsillo una intervención que es, en realidad, un derecho gratuito. Derivar a una mujer a otra comunidad, según ha establecido el Tribunal Constitucional, vulnera sus derechos fundamentales. Esta forma de proceder, además, supuso en 2023 un gasto de 27 millones para las Comunidades Autónomas (sin contar Castilla y León, que no han hecho públicos sus gastos). Sin embargo, la propia ley deja abierta la puerta a la externalización de la prestación al declarar que “la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”. Aunque hay comunidades donde sí se estaría implementando dentro de la red pública (en Navarra el 54,4% de los abortos fueron practicados en centros públicos), suele coincidir que estas intervenciones se realizan por el método farmacológico (el 85% de los abortos realizados en centros sanitarios públicos de Navarra). Cuando las mujeres optan por el método quirúrgico, son derivadas a los centros privados. Esta estrategia también incumple la ley del aborto, ya que vulnera el derecho de las mujeres a escoger el método por el que será interrumpido su embarazo. Además, las clínicas privadas no cuentan con la misma infraestructura que los hospitales y normalmente disponen de medios más limitados para solventar complicaciones durante los abortos. Situaciones de esta naturaleza son poco frecuentes, pero existen. Es el caso de una mujer valenciana que despertó en la UCI del Hospital Doctor Peset. El documento de derivación de Mediterránea Clínica, recogido por el medio newtral.es, decía lo siguiente: “Nos resulta imposible acceder al feto con el instrumental para realizar la técnica de evacuación. Remitimos a la pacientes para extraer el feto vía quirúrgica”. El informe elaborado después por el hospital diagnosticó un “desgarro vaginal sangrante”, procediendo entonces a “una cesárea urgente para extracción fetal”.
Finalmente, la vulneración del derecho al aborto tiene también otras ramificaciones que afectan al derecho a la información. La ya mencionada ley de interrupción del aborto establece en su artículo 17 que “todas las mujeres recibirán información del personal sanitario sobre las condiciones para la interrupción previstas en esta ley orgánica”. Y en el artículo 18, la ley incide en que “los poderes públicos ofrecerán información pública sobre el proceso, normativa y condiciones”. Según el medio newtral.es, el Hospital Puerta del Hierro (Madrid) en noviembre de 2023, el Hospital Gregorio Marañón (Madrid) en diciembre de 2023, el Hospital General Universitario Santa Lucía (Murcia) en agosto de 2023 y un hospital de un municipio de Valencia en septiembre de 2023 (cuyo nombre omite el medio por petición expresa de la paciente) entregaron documentación referente a la ley de 1985 como si fuese la norma vigente, cuando aquélla sólo contemplaba la despenalización del aborto en tres supuestos: en las doce primeras semanas, por un delito de violación; en las primeras veintidós semanas si “se presume que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas”; y en cualquier momento de la gestación si hay “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”. Además, el Hospital Universitario de Toledo entregó en febrero de 2024 a una paciente información desactualizada referente a la ley de 2010, previa a la reforma, que obligaba a un período de reflexión de tres días. El hospital entregó también un sobre con información sobre “políticas activas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”, pese a que éste debe ser únicamente entregado bajo petición expresa de la paciente.
Emma Rivas Plata.
FUENTES
Documentación entregada al medio newtral.es por pacientes que requirieron una interrupción de su embarazo entre marzo de 2023 y febrero de 2024.
Informe de interrupción del embarazo del Ministerio de Sanidad (2022).
Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bits del Código Penal.
Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Organismos competentes en materia de salud de cada Comunidad Autónoma (vía transparencia o a través de las consejerías correspondientes).
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