Condenas y condenitas…o como la justicia se convierte en lanzallamas

Hace un año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a la diputada de Podemos, Isa Serra a un año y siete meses de prisión por la comisión de los delitos de atentado, lesiones leves y daños (lo que en román paladino significa pegar a un policía) durante la paralización de un desahucio en 2014. Isa recurrió al Supremo, que ayer ratificó la condena.
Conocí a Isa Serra en 2014 en unos encuentros internacionales en Francia. Por aquel entonces ella acababa de salir de la universidad, donde también había sufrido la represión por participar en movilizaciones estudiantiles. Un alma serenísima, casi que se podría decir, sin ánimo de ofender, que con poca sangrecilla, es la última persona a la que te imaginas haciendo kung fu a los robocops de la UIP. No me cabe duda de que está siendo víctima de un montaje policial.
No es la primera. Le hicieron lo mismo en 2013 a mi compañero Adrián Mora, militante granadino de IZAR, al que acusaron de dar una patada a un madero en el 15-M. Todos los que seáis de Granada sabéis que es un disparate el mero hecho de imaginarse a Adri poniéndose gallo ante un armario empotrado del CNP.
El modus operandi es siempre el mismo. Detención, pruebas falsas, testimonios de policías y condena ejemplarizante, ya sea cárcel o multa o ambas, para que escarmienten los que se atrevan a alzar la voz y luchar por la justicia social. Se lo hicieron también a Fran Molero, militante del SAT, a Alfon y a tantos sindicalistas represaliados en las huelgas generales y en las Marchas de la Dignidad bajo la Ley de Seguridad Ciudadana. Se lo están haciendo a decenas de jóvenes activistas en Cataluña, donde el “todo es ETA” se ha convertido en “todo es CDR”. Se lo han hecho a los muchachos de Alsasua.
Se lo han estado haciendo durante los últimos siete años, con la ayuda del CNI y la llamada Policía Patriótica del comisario Villarejo, a los dirigentes de Podemos e Izquierda Unida. En esos casos el procedimiento se sofistica y se vuelve lo que se conoce como ‘lawfare’, o sea, la utilización de instancias judiciales para perjudicar al adversario político, ya sea inhabilitándolo para cargos públicos o ensuciando su reputación. Esta práctica, consolidada en América Latina y Estados Unidos, en España ha consistido en que el sindicato de ultraderecha Manos Limpias interponía una denuncia, los cuerpos policiales iniciaban una investigación, se abría un proceso judicial, la historia se filtraba a la prensa e Inda y Marhuenda lo publicaban en El Mundo, Okdiario y La Razón. Todos los procesos judiciales contra Podemos han acabado archivándose, pero el objetivo del ‘lawfare’ se ha cumplido: manchar el nombre del partido y de sus candidatos, construir y afianzar el relato de que Pablo Iglesias y los suyos son delincuentes y hasta ogros comeniños, y ya de paso levantar una cortina de humo ante las verdaderas corruptelas del PP y sus socios.
Le están haciendo otro montaje estos días a Íñigo Errejón, al que acusan de darle una patada a un energúmeno que lo increpó por la calle (no os perdáis la entrevista al tipejo: https://www.elplural.com/…/habla-denunciante-inigo...) y cuya acusación se sustenta en las imágenes borrosísimas de una cámara de vigilancia y dos personas que dicen ser testigos de la supuesta agresión. Es de admirar cómo se aplica la Policía cuando toca investigar casos que manchan la imagen de políticos de izquierdas, pero aún siguen intentando averiguar quién es el “M. Rajoy” que aparece en los papeles de Bárcenas.
Mirad, esto no es nuevo. La represión de movimientos políticos incómodos a través de la judicialización es un método con mucho rodaje en este país. Bien lo saben en un rinconcito del norte de esta nuestra Hesperia triste. Nuestro actual ministro del Interior era juez por aquel entonces. Organizaciones juveniles, asociaciones culturales y vecinales, periódicos, familias enteras destrozadas por el ‘lawfare’ revestido de lucha contra el terrorismo. Son esas víctimas de segunda de las que no se habla. El daño que hicieron a los trabajadores de Egin (sumario 18/98) y Egunkaria es irreparable. Fermin Muguruza lo denunció en la tele en 2003 cuando recogió un premio a su música. Los pitidos y abucheos del público no lo amedrentaron. Muchos, no solo en la derecha sino también en la izquierda, intentaron acallar denuncias como aquella, cuando no miraban para otro lado. Mientras tanto el golem siguió creciendo. Y aquí lo tenemos hoy.
Ayer archivaron el caso de Rocío Monasterio (Vox) y absolvieron a Cristina Cifuentes (PP), ambas acusadas de fraude. Todo en orden, todo en su correcto funcionamiento: como dice Villarejo, “las cloacas no generan mierda: las cloacas la limpian”
Alberto Lavin Compae
Sobre Alberto Lavin 3 artículos
Alberto Lavín Compae vive en Andalucía, donde trabaja como profesor de Enseñanza Secundaria y es militante político y sindical por un mundo justo.

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