DES-MONTANDO EL POLLO

Llevamos días, semanas, meses con una única y primordial noticia en los medios y en sus tertulias, mañana y noche: la ley de amnistía para anular las condenas derivadas de la vía judicial con la que afrontó el Procés el Estado español.

Desde las voces de la carcundia mediática se habla de ello como si fuera la mayor traición jamás producida al país, y hay periodistas de ese sector que han animado directamente a quemar la sede del PSOE en las protestas.

Pero, ¿es para tanto la amnistía?

Estamos hablando de una democracia, la de España, cuya débil refundación en 1978 solo fue posible precisamente a través de otra ley de amnistía, mucho más amplia y de mucho más calado. Porque esta amnistía de 2023 es para quienes, a través de la desobediencia, organizaron un referéndum al margen de la legalidad para decidir su relación con el Estado español. La ley de amnistía de 1977 absolvió precisamente al polo opuesto: al Estado que nació de un golpe militar de carácter fascista y ultranacionalista español, y que con la ayuda de Hitler y Mussolini impuso una dictadura que duró más que ninguna en toda Europa. Que nació y murió matando y aplastando a las diversas nacionalidades que conviven en el Estado. De aquellos lodos, estas realidades. Porque España fue la única democracia de entre las vecinas europeas que no surgió de la derrota del fascismo… y se nota.

Si esta de 2023 pretende ser un “borrón y cuenta nueva” para normalizar una situación que llegó a estar en un punto incendiario y prácticamente de no retorno por ambas partes (para unos, el 155; para otros, la unilateralidad), la de 1977 fue un “Borbón y cuenta nueva” que buscaba normalizar una situación a costa de la rendición de la izquierda y una mano de pintura (del blanco y negro al color) para el régimen, que se iba de rositas con su genocida, sus sádicos asesinos, sus torturadores y todo su funcionariado.

¿Por qué para unos sí vale la amnesia y el perdón, y para otros solo cabe aplicar el castigo? Es más, quienes nunca condenaron ni pidieron perdón por sus crímenes suelen ser los que más exigen a los demás no solo la condena y el perdón, sino hasta el arrepentimiento público.

Dicen que, si se amnistía a los catalanes, volverán a hacerlo. Por un lado, son personas que en su mayoría ya han estado en la cárcel (no como en 1977, que donde entraron fue a las Cortes y mantuvieron sus puestos policiales, militares y judiciales en todo momento). Por otro, que sus aspiraciones son absolutamente legítimas y tienen todo el derecho del mundo a reclamar un referéndum o incluso otra relación con España. Otra cosa es que esto les remueva las tripas hasta la úlcera a los nacionalistas españoles, como lo podría ser si el bloque de investidura, de carácter republicano, abre un proceso de consulta sobre el modelo de Estado que jamás pudimos votar (se votó un «todo o nada» bajo amenaza militar hace 45 años, con rey impuesto bajo trampa como reconoció Suárez después).

Denuncian: “¡Van a gobernar los golpistas!” Pero… ¿un referéndum es un golpe de Estado? Categóricamente no. Un golpe de Estado es lo que hicieron los amnistiados de 1977 el 23-F, y que volverían a intentarlo después en 1982 y 1985 para imponer la regresión al franquismo. Esas gentes fueron, de nuevo, indultadas o, directamente, se trató de no prestarles atención para no alimentar al monstruo. Contra los catalanes, al contrario, alimentar al monstruo da votos a la derecha españolista por toda la península, como vemos desde que el mismo tema perdió fuelle con el nacionalismo vasco, principal granero de votos de la derecha española hasta que se abandonó el Plan Ibarretxe.

“¡Hay que cumplir la Constitución!”, pero lo dicen quienes en 1977 estaban divididos entre apoyarla o no. Muchos de los que ahora están en el PP (formado por siete jerarcas de la dictadura) votaron en contra e hicieron campaña por el NO. Y a los que la defienden, solo les interesa por el artículo 8. Porque solo quieren que España siga siendo una, grande y libre. Pero los artículos sobre la vivienda digna y las políticas públicas para conseguirla, el trabajo digno o el artículo 128, que dice que toda la riqueza del país estará subordinada al interés general, ya tal.

“¿Y la división de poderes?”, preguntan enérgicamente. Si el punto de la Constitución suena jocoso, el que hagan campaña con la división de poderes quienes tienen secuestrado el Poder Judicial desde hace 5 años, bloqueando su renovación (incumpliendo flagrantemente la Constitución) para seguir archivando las tramas de corrupción que dejan 900 imputados en su partido por el saqueo de las arcas públicas (no hay caso igual en el mundo) ya es de carcajada.

La separación de poderes es sagrada, pero solo cuando conviene.

Porque cuando PP y Vox aprueban en Madrid la Ley Ómnibus que modifica 33 leyes autonómicas, cinco decretos y 15 disposiciones que tratan desde la hacienda pública, la ordenación del territorio hasta la sanidad o los servicios para cumplir con la agenda de privatizaciones, no escuché a nadie en toda la Magistratura ni en los medios del régimen clamar contra este atropello.

Lo de Madrid es un particular Procés hacia el ultraliberalismo que goza de la protección de todas las aristas del sistema, desde el poder financiero al mediático, pasando por el eclesiástico (no paran de hacer regalos ostentosos al clero, que ya domina el 60% de los centros educativos concertados).

Estos días Ayuso ha intervenido en la Ley Trans para eliminar artículos y párrafos enteros de una ley redactada para proteger a un colectivo que sufre agresiones cada día. ¿Separación de qué? Y ¿cómo explicarle la separación de poderes a quien cree que “Dios es español y está con la nación”, y va a rezar el rosario a la sede del PSOE? Esto pasó ayer mismo, no me lo invento (Berlanga, lo que te estás perdiendo…)

Lo denuncia un partido que constituyó una policía política desde el Ministerio del Interior y que convive con las cloacas policiales y judiciales en un país donde el lawfare ha sido una realidad en la persecución de quienes eran considerados amenazas para el régimen del 78 (no hay más que ver las toneladas de basura que vertieron contra Podemos desde todo ese entramado judicial, político y mediático). El caso de Alberto Rodríguez, al que le robaron su escaño porque un policía votante de Vox aseguró que agredió a policías en una manifestación cuando era dirigente estudiantil (sin pruebas y con todos los testimonios gráficos en contra, incluido el del responsable policial de aquella manifestación) es solo un ejemplo.

Ayer mismo, el Tribunal Supremo hizo una declaración pública en defensa de la independencia judicial a la vez que jueces por todo el país se manifestaban contra una ley del gobierno que aún no habían podido leer… pero no se pronunció cuando el Parlamento aprobó la ley de la patada en la puerta, la ley mordaza o la dispersión de presos, leyes de excepcionalidad política. Tampoco protestan cuando el PP va derogando en sus comunidades autónomas las leyes por la memoria histórica o declarándose insumiso para no aplicar las leyes educativas. Eso no parece tener nada que ver con romper las reglas.

Ni genera controversia alguna que en el acto de apertura del año judicial griten todos los jueces a una: «¡Viva el rey!» Yo, como republicano, percibo una imparcialidad tan democrática…

Ni, por supuesto, nadie en el mundo judicial ha dicho nada sobre la responsabilidad de la judicatura en la aplicación de la ley del «Solo sí es sí» (para ponerse al servicio de la derecha política y así demoler a Irene Montero, artífice de la ley). Si no es por la lucha política de las mujeres con su rechazo al juicio de la Manada, los jueces seguirían viendo «un ambiente de jolgorio y regocijo» en una violación grupal.

Para el PP, la separación de poderes tiene más que ver en lo que hizo Aznar en el momento en que todo esto arrancó. El ex presidente llamó a una rebelión nacional, “cada uno desde su responsabilidad”. Al instante, su poder político se lanzó a la calle, jueces de su línea política se lanzaron a abrir causas contra Puigdemont (responsabilizándole nada menos que de la muerte de un hombre), periodistas de su cuerda se pusieron a disparar nuevos bulos, la CEOE cargó contra la amnistía alertando de que hundiría la economía y asociaciones de policía y guardia civil comenzaron campañas bordeando el delito llamando a derramar sangre.

Rajoy llevó a cabo otra amnistía, la fiscal, por la que el Parlamento legalizaba la situación de 30.000 defraudadores para dejarles limpios de sus delitos al fisco. Pero no se oyó a las instituciones judiciales poniendo el grito en el cielo por esta invasión de competencias ni por la independencia judicial, ni nadie en la derecha lo vio como una negociación con delincuentes.

“¡Sánchez, traidor!”. Es una frase que tenemos hasta en la sopa por las calles de Madrid.

Pero es curioso que ninguno de los que la gritan vea una traición en que nuestra Sanidad pública, un modelo envidiado en el mundo, se vaya troceando y vendiendo barato a fondos buitre (que emplean a los hijos de las élites del franquismo). Ni que esa usura haga negocio con nuestros barrios, echando a la gente de sus casas, o con las residencias de nuestros abuelos… Que la banca los haya engañado con las preferentes, o que la mafia de siempre saquee las cuentas públicas como hace en Madrid llevándose millones en contratos a dedo de manera ilegal. Nada de esto dará problemas judiciales porque ya se encargan de parar las vías penales con su particular separación de poderes. Como nunca será juzgada Ayuso por ordenar los protocolos de la muerte que mandaron morir de forma indigna a 7.291 ancianos. Esos protocolos fueron su particular “Ley de amnistía” para quienes tenían contratado un seguro médico privado, que sí fueron derivados a hospitales y así pudieron salvarse de morir como ratas.

Pero nada de esto, por lo que parece, tiene que ver con “putodefender España”.

“¡No se puede negociar con un prófugo de la justicia!” La gente que sale a la calle se escandaliza con que se negocie con un fugitivo… en un Reino cuya máxima institución, el emérito nombrado por Franco y nunca refrendado por nadie democráticamente, es técnicamente otro prófugo de la Justicia (bueno, lo sería si no estuviera por encima de la ley y no fuera inviolable). Prófugo de la justicia británica también es Ortega Smith, y no pasa nada. En España no hay más prófugos de la Justicia porque sus casos se archivan antes por presiones políticas. Ojo, esto lo denuncia el único partido que ha sido condenado por “organización criminal” y que dirige el amigo íntimo de un narco.

“Yo podría ser presidente si hubiera querido”, dice Feijoo, argumentando que, si él hubiera pasado por el aro con Junts, saldría investido. Otro infantilismo: él nunca sería presidente, porque necesita los votos de Vox. Y, si pacta con Junts, nunca le apoyaría Vox. Es tan sencillo de ver…, pero el nivel político de la derecha española es el que es.

“¡Queremos votar de nuevo!”, exige el presidente del PP una y otra vez, porque dice que esto no estaba en el programa. ¿Acaso estaba en el programa del PP lo de rescatar a la banca con el dinero de la sanidad y la educación de varias generaciones mientras se abandonaba al abismo a las clases trabajadoras para resolver la crisis (o más bien para cargarla sobre sus espaldas)? ¿Iba en el programa de gobierno la guerra de Irak, aquella barbarie ilegal que se llevó la vida de un millón de iraquíes y de vuelta nos trajo 193 muertos como venganza?

Hablando de dinero, otra cosa con la que se escandalizan del Procés es que se utilizó dinero público para una cuestión partidista. Pero no es ningún problema que el alcalde de Madrid anuncie que no escatimará ni un euro para celebrar el cumpleaños de la Princesa de España (que cortó y engalanó la ciudad de Madrid y para la que se hicieron miles de pasteles y banderas españolas) mientras hay 280.000 niñas y niños sin pediatra asignado en Madrid y otros miles de jóvenes se han quedado sin becas para estudiar.

Cuando el mafioso Florentino Pérez le dio una enorme colleja, justo antes de las elecciones, delante de toda la prensa, estaba claro el mensaje: poco después, el alcalde dio luz verde a la petición de Florentino para una operación sin medir el impacto ambiental en la ciudad, pero del que se puede medir ya que va a ganar más de 200 millones.

Pero eso no es ninguna injerencia en política, como no lo es que, según la CNMC, entre 2014 y 2018, el mismo grupo de constructoras se repartiera 530 millones en contratos públicos, el 63% del total.

Los datos de la gestión de los contratos públicos en Madrid son de escándalo diario.

“¡Esto es una dictadura!”, gritan. Quienes confunden la paloma de la paz con el aguilucho, también tienen dificultades para discernir entre cuando te puedes manifestar, insultar al presidente y acosar la sede del partido que gobierna de manera indefinida sin que te encarcelen y torturen, a cuando venían a buscarte para fusilarte porque eras profesor y había orden de “barrer el magisterio” o tenías el carné de un partido de izquierdas y había que fumigar de rojos el país.

Quienes se manifiestan diariamente junto con neonazis, neofranquistas, procarlistas y personajes de infame calaña, vienen a decir que lo hacen para defender “la igualdad entre españoles”. Pero no es lo que parece: no hablan de la figura inviolable del Rey o del control de las salas judiciales, sino de una anulación de condenas por organizar un referéndum. Como explica Joaquim Bosch, «el derecho de gracia implica una desigualdad de trato, que está amparada por la Constitución». Todos los gobiernos españoles han indultado a todo tipo de individuos (desde golpistas a terroristas, pasando por torturadores o corruptos), pero cuando han tocado a estos que producían especial placer en el nacionalismo español, es cuando han descubierto que también se puede hacer con los que no te gustan.

Ellos pueden cortar la calle sin permiso ni comunicación alguna (basta con que Esperanza Aguirre lo ordene delante de las “lecheras”, como ella mismo dijo descojonándose en los medios durante días). Si en un momento dado, un grupo decide que se va al Congreso, la misma Policía Nacional se pone en la cabecera y desfila por la Gran Vía hasta el Congreso llevando al rebaño.

Por cierto, quien ordenó marchar hasta el Congreso fue el líder de Desokupa, una organización de carácter ultra a quien puedes contratar si eres propietario y quieres amenazar y echar a ostias a tu inquilino absolutamente al margen de la ley. ¿Qué tal ahí la separación de poderes, Tribunal Supremo? Si en lugar de esto fuera una organización sindical que se dedicara a apalear empresarios cada vez que firman un despido, lo veríamos cristalino.

Si queman contenedores o provocan cada noche destrozos en el mobiliario urbano desde hace más de diez días, no es algo que preocupe, porque un contenedor ardiendo en Barcelona sí que cotiza en la Bolsa de valores emocionales española, pero aquí no vale un mísero céntimo.

La kale borroka abría telediarios para generar el absoluto rechazo y la indignación general. La caye borroka, sin embargo, aparece como una consecuencia del delirio de grandeza de Pedro Sánchez, único responsable. Que en Altsasu sigue habiendo jóvenes encarcelados por una pelea de bar acusados de terrorismo, pero a los cachorros de Abascal, que jaleaban a las fuerzas del orden con el “¡A por ellos!” para apalear catalanes, esto no les afecta y pueden ahora apedrear policías tranquilamente. Porque el derecho a la putodefensa es un privilegio que tienen quienes van envueltos en banderas españolas.

Tampoco sale el Rey a condenar públicamente el acoso a las sedes, las amenazas o los disturbios en las calles (donde el grito más oído es “Pedro Sánchez, hijo de puta”, un argumento de fuerza capaz de convencer hasta al más ingenuo, según parece).

“¡Huelga general!” insisten los alborotadores de la calle. Tampoco en esto andan muy leídos: la ley española regula el derecho a la huelga por motivos laborales. Sería ilegal convocar una huelga general contra una investidura o contra esta ley de amnistía.

Pero un “Apreteu” o un “Ho tornarem a fer” no tiene nada que ver con todo esto, por dios. Cuando lo hace la derecha española es bien. Aguirre puede decir “la calle es mía”, parafraseando al presidente honorífico del PP con todo el orgullo, igual que pueden agredir a periodistas sin ningún temor. Porque saben que lo pueden hacer con toda la impunidad, así como después de la manifestación, pueden pasearse con orgullo envueltos en las banderas carlistas o de Vox por todo Madrid sin el mínimo temor.

El 1-O un colectivo criminalizado fue el de los Mossos, cuyo Mayor fue procesado porque decidió desobedecer la orden de asaltar los colegios, al pensar que era una locura apalear a las personas que estaban dentro. Estos días, el líder de Vox ha pedido expresamente a las fuerzas policiales que desobedezcan las órdenes que reciban sin que eso suponga la más mínima alteración.

Al final va a ser verdad eso de que no todos los españoles son iguales.