Una de las cuestiones feministas de los próximos años va a ser, sin duda, la defensa de las llamadas Madres Protectoras; esas madres que se niegan a entregar a sus hijos e hijas a hombres que, presuntamente, les han agredido sexualmente. Estoy convencida de que dentro de no muchos años, cuando estos niños y niñas sean adultos, comenzarán a demandar al Estado y a las autoridades que les separaron de sus madres para entregarlos, en muchos casos, a agresores sexuales o a maltratadores. Se producirá entonces un proceso parecido al que se está produciendo ahora con la Iglesia y la pederastia y nos echaremos las manos a la cabeza, y mucha gente se preguntará que cómo pudo ser.
Pudo ser porque algunos jueces y juezas, y trabajadores/as de los juzgados y fiscales y, como no, determinados partidos políticos, están utilizando los juicios por custodia como un arma contra las mujeres, especialmente contra las que denuncian que sus hijos han sufrido agresiones sexuales por parte de sus padres. Según las organizaciones de infancia, un 20% de los niños y niñas podrían haber sufrido estas agresiones de las que en un 85% provienen por parte de hombres de la familia. Es un crimen que todo el mundo denuncia pero que no tiene victimarios, sólo víctimas. Cuando una madre percibe que su hijo o hija se encuentra en esta situación, el terrible consejo que se le puede dar es que no denuncie, porque si lo hace se va a ver sometida a un calvario judicial, ella misma y su hijo o hija; un calvario en el que es muy probable que termine perdiendo la custodia del menor que, además, será entregado al agresor. No me extraña que huyan, yo también lo haría. Pero, lo que es aun más siniestro es que no basta con que ella renuncie a denunciar, sino que basta con que denuncie un especialista, un médico, una psicóloga, una trabajadora social, que aprecie signos compatibles con una agresión sexual para que, finalmente, la madre pierda la custodia. Esto significa que muchas de ellas terminarán teniendo miedo incluso de llevar a sus hijos o hijas al médico; esto significa que la obligación de estos profesionales de denunciar de oficio se ha terminado usando contra las mujeres.
Este es el caso de María Sevilla, que nunca denunció a su expareja y padre de sus hijos, sino que lo hizo el Ministerio fiscal tras comprobar que existían informes pediátricos y psicológicos que alertaban de posibles abusos sexuales a su hijo. Finalmente, no se consideraron probados tales abusos, el caso se archivó y entonces fue ella la perseguida. Que un juez considere que una agresión sexual a un niño o niña no se ha probado no quiere decir que no hayan existido. Esto es porque en España es muy complicado probar una agresión sexual a un menor y prácticamente hace falta que te produzca heridas o que te contagie una enfermedad o un embarazo. Esas son las únicas prueba que se consideran, ignorando como funcionan estas agresiones. Se ignoran los informes pediátricos y psicológicos que advierten de las agresiones y, sobre todo, supone no dar credibilidad a los testimonios de los y las menores, cuando los especialistas advierten que la infancia debe ser siempre escuchada con atención porque lo cierto es que es muy difícil que niños y niñas mientan sobre esta cuestión; más bien la tendencia es la contraria, quieren ocultarlo.
Los niños y niñas no son creídos porque los juicios por la custodia de la infancia se ha convertido en un arma en manos de la reacción antifeminista. Por un lado, aprobamos leyes que son feministas y, por el otro, no nos preocupamos como Estado de garantizar su aplicabilidad con la imprescindible perspectiva de género. Así pues, cualquier ley feminista resultará no sólo desactivada, sino que terminará utilizándose contra las mujeres si no se aplica con perspectiva de género. Similar a lo que ha sucedido con los delitos de odio, que si no están finamente tasados se acaban convirtiendo en un arma contra quienes son, precisamente, objeto de odio real. Un despropósito.
Como ha dicho reiteradamente la CEDAW a España, así como varios expertos y expertas de Naciones Unidas, no se puede luchar contra la violencia de género si quienes son encargados de impartir justicia no tienen nociones de feminismo. Si se intenta aplicar esa justicia desde planteamientos no feministas habrá, en el mejor de los casos, una revictimización y en el peor se producirá, como está ocurriendo, una venganza. Al aplicar esa supuesta justicia sin ninguna perspectiva de género, lo que resulta es un patrón (dicho por la relatora de la ONU) que funciona en base a estereotipos y prejuicios patriarcales. El sistema penalizará a las víctimas que no se ajusten al estereotipo de víctima; sistemáticamente dará poca validez al testimonio de las mujeres porque prima el estereotipo misógino de que las mujeres ponen denuncias falsas como venganza; no creerá a niños y niñas porque aplicará el Síndrome de Alienación Parental con sus teorías acerca de los falsos recuerdos y de la fabulación infantil. Teorías todas ellas ampliamente desacreditadas por la ciencia y cuyo objetivo no es otro que proteger la posición del padre en la familia patriarcal.
El SAP, ya prohibido, se sigue utilizando en cualquiera de sus variantes impunemente. Y ahí seguimos. Al padre no se le puede arrebatar a sus hijos/as, a la madre sí. Un padre es imprescindible, aunque maltrate a la madre y obligue a los menores a crecer en la violencia. Aunque se haya probado que existió agresión sexual el sistema tratará de que pueda seguir viendo a sus hijos para que no se rompa el vínculo (que es lo que los niños y niñas necesitan para poder crecer en paz). Pero si dichas agresiones no se pueden demostrar con heridas abiertas, aunque los especialistas pediátricos afirmen que un niño o niña está sufriendo abusos sexuales, entonces no habrá problema en castigarla a ella (y a los menores) Las premisas son: la madre miente, los niños y niñas mienten y los hijos son de los padres; la familia no puede existir sin ese padre, aunque sea un violador o un violento. Esto es lo que subyace en las condenas a las Madres Protectoras.
De mantener el apego y el vínculo con la madre no se preocupa nadie. De hecho, la operación en la que son separados se llama «arrancamiento». Y se les arrancan e impiden que se vean durante meses o años (aunque no exista ninguna orden de alejamiento ni peligro de ningún tipo), se las encarcela por secuestro, aunque haya estado todo el tiempo localizada y los niños escolarizados y haya constancia de que en ningún momento corrían peligro. Esto está ocurriendo ahora mismo. Leyes pensadas para evitar que los padres secuestraran a sus hijos y acabaran matándoles o llevándoselos al extranjero, como ocurre desgraciadamente en ocasiones, se están utilizando para encarcelar a madres que no se han movido de sus casas y que siempre han cuidado y protegido a sus hijos e hijas.
Si el Gobierno quiere que nuestro papel como país pionero en la lucha contra las violencias machistas no se 
desdibuje, tiene que combatir el lawfare judicial al feminismo; tiene que proteger a las madres que protegen a sus hijos e hijas y tiene que indultar a las que han sido condenadas injustamente como es María Sevilla.
Beatriz Gimeno.
¿María Sevilla, ,madre protectora…? De risa, sino fuera por qué hay niños inocentes de por medio. Maltratadoras deleznables, delincuentas como esa mujer están mejor alejadas de los niños y bien cerradas entre rejas.
Que realice usted esas acusaciones con el número de maltrato vicario que está sucediendo solo demuestra la deleznable complicidad con los monstruos que maltratan a niños/as por venganza. Cómplice o coautor.
Y lávese la boca para hablar de María Sevilla.
O ciérrela para siempre