Desde hace dos décadas estamos asistiendo en España a la invasión de grandes negocios de explotación animal intensiva, que están poniendo en peligro la existencia de ecosistemas naturales protegidos como reservas de la naturaleza esenciales para la lucha contra el cambio climático y la calidad de la vida humana. La información de la que disponemos nos permite asegurar las nefastas consecuencias para la salud de las personas y los entornos naturales. De hecho, estamos asistiendo a las primeras catástrofes provocadas por su causa en el planeta. La mayor explosión ocurrida jamás en una macrogranja dejó 18.000 vacas muertas en Texas (Estados Unidos), y fue de tal magnitud que la deflagración pudo ser vista a decenas de kilómetros de distancia. El resultado fue la destrucción completa de las instalaciones y una montaña informe de huesos, carne y vísceras de los animales aprisionados por la codicia humana como en un campo de concentración sometidos al holocausto sin ninguna posibilidad de salvarse. En España existe un emporio poderoso de empresarios relacionados con el negocio de la producción industrial de carne que están contrarrestando los argumentos científicos y las recomendaciones de los organismos internacionales con estrategias de negacionismo sistemático y el empleo de toda su maquinaria pseudocientífica y económica. La Comisión Europea ha interpuesto una demanda contra el Estado español por la reiterada negligencia en el cumplimiento de la normativa de protección de aguas por nitratos.
Mediante anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea publicado el 31 de octubre de 2022, se ha dado a conocer la demanda que dirige a España por el incumplimiento de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrario.
La Comisión acusa a España por la falta de designación de zonas vulnerables a estos contaminantes de origen ganadero y agrario.
Nuestro país, ha incumplido la legislación no habiendo adoptado medidas en los territorios donde la contaminación muestra una tendencia al alza, que prácticamente se extiende a todas las Comunidades Autónomas, cada vez más afectadas por los purines y las emanaciones de gases nocivos provenientes de macrogranjas avícolas, porcinas y vacunas. Los científicos advierten de las consecuencias que están repercutiendo negativamente en la evolución de la vida sobre la tierra. El Colegio Profesional de Geógrafos de Castilla y León se vio obligado a realizar un comunicado manifestando su preocupación ante la proliferación de macrogranjas y explotaciones de ganadería intensiva, señalando que es un modelo que compromete la sostenibilidad ambiental del ámbito rural. La producción ganadera intensiva es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera y de contaminación de los acuíferos amenazados por la cantidad de los purines generados. Por otra parte está provocando importantes procesos de vaciamiento demográfico debido a la pérdida de empleo, apreciándose un descenso en la ocupación agropecuaria en aquellos lugares donde se han implantado macrogranjas. Por último, se produce un impacto paisajístico, no solo ligado a la interferencia visual de las construcciones de grandes dimensiones, sino a la sustitución de usos y prácticas tradicionales modeladoras del paisaje rural. Los grandes grupos empresariales con intereses en megaproyectos relacionados con la producción intensiva y la comercialización a través de grandes centros comerciales y renombradas marcas cárnicas, ponen a trabajar en favor de sus negocios a sus departamentos de comunicación desplegando argumentos insostenibles contra la opinión fundada de los expertos, pretendiendo anular a las opiniones ciudadanas que se oponen a sus desmanes preocupados por el bien común de todos, pero su negacionismo a ultranza no puede hacer callar la voz de los científicos que asisten con preocupación a este tipo de prácticas, a pesar de sus numerosas llamadas de atención sobre su peligrosidad y las consecuencias evidentes para quien quiera verlas.
Fernando Valladares, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, enumera alguno de los efectos nocivos producidos por las macrogranjas, entre las que resumimos las más relevantes:
La ganadería intensiva crea concentraciones en la atmósfera de gases venenosos como el azufre, el metano y el gas nitroso en zonas próximas a los pueblos.
Las altas concentraciones de animales son un peligro epidemiológico con riesgos para el ser humano de zoonosis y pandemias.
La producción industrial de carne requiere el empleo de un volumen de agua en extremos suficientes para contribuir a la aceleración del cambio climático. Al emplear grandes cantidades de antibióticos para los animales que acaban en el agua y en los suelos se acelera la generación de bacterias superresistentes, como consecuencia derivada de esto, aumentan las infecciones inmunes a los antibióticos por saturación.
Los animales viven en condiciones adversas y estresantes, no compatibles con su comportamiento natural ni con ningún concepto de bienestar animal. Las macrogranjas generan pobreza y desigualdad. La riqueza monetaria no se queda en el territorio, sino que emigra al país o la zona de origen de las empresas propietarias de las macrogranjas, mientras que el terriotorio resulta fuertemente contaminado y pierde valor.
La población se empobrece y se incrementa la desigualdad social.
La implantación de cada uno de estos proyectos sigue siempre una misma estrategia. Los promotores entran en contacto con representantes políticos locales y pequeños propietario a quienes convencen de la oportunidad de enriquecerse apoyándoles. Se somete a información pública en las condiciones menos favorables para que los vecinos no puedan presentar alegaciones. Se aceleran los trámites administrativos para evitar la oposición de los que van a sufrir en sus propias personas las consecuencias más nefastas contra su salud y su calidad de vida.
El factor más devastador de los emprendimientos desproporcionados de la ganadería intensiva industrial está provocado por su planteamiento contrario al equilibrio sostenible de los entornos naturales en los que se pretenden asentar, contaminando el suelo, la atmósfera y el agua con la cantidad inabsorbible de los detritus nocivos que producen. Algunos ejemplos sobre lo que hablamos: En la provincia de Granada existe una macrogranja de 49.900 cerdos. En el norte de Palencia está previsto un proyecto de otros 110.000 en un entorno rural tradicionalmente bien equilibrado. En Caparroso (Navarra) hay una macrogranja de 5.000 vacas con intención de seguir aumentando, y en un pueblo de 150 habitantes de la provincia de Soria quieren construir una macrogranja de 23.000 vacas que puede poner en riesgo por sí sola la salubridad del agua de toda la cuenca hidrográfica del Duero.
El primero de ellos se refiere a una población pequeña de Albacete, a cuyo Ayuntamiento prometieron atraer riqueza y facilitar el empleo a la práctica de todos sus habitantes en paro. Han pasado diez años y los efectos perjudiciales son tan evidentes que la población ha descendido de 250 a 114 personas desde la construcción de una macrogranja en el año 2010, y los puestos de trabajo asegurados no se aproximan ni mínimamente a los que se aseguraron. Evitan por todos los medios el acceso a información sobre las condiciones en las que viven los animales enjaulados en espacios de las mínimas dimensiones y expuestos a alimentación forzada, limitación de movimientos y sobremedicación de antibióticos que excretan, que se transmiten a través de las toneladas de purines que producen a la cadena trófica. Pese a ello, según lo reflejado en los proyectos presentados ante organismos públicos solicitando licencia para su apertura, el porcentaje teórico de mortandad es del diez por ciento de los animales de cada instalación, que previsiblemente sea superior en la realidad como puede deducirse de los indicios de que se dispone, almacenándose los cadáveres hasta que se retiran periódicamente, lo que supone un foco de malos olores y contaminación de enfermedades de transmisión entre el animal y el hombre. Uno de los complejos ganaderos porcinos más impactantes contra el ecosistema pertenece a los dueños de la cárnica El Pozo, y está situado en la comarca despoblada que existe entre Jumilla (Murcia y Hellín (Albacete), tienen capacidad para 238.572 cerdos.(3.500 cerdos por cada habitante censado). Produce 255 millones de litros de purín al año, que deben almacenarse en balsas impermeables, pero con frecuencia el estiércol líquido se filtra al subsuelo contaminando el terreno y las aguas subterráneas que se emplean para el consumo doméstico.
La contaminación de los espacios naturales se produce por la concentración intensiva de los nitratos generados por las toneladas de purines líquidos, suponiendo un alto riesgo para las personas, puesto que al superar los 50 miligramos por litro de agua deja de ser apta para el consumo humano. El segundo factor de contaminación es la emanación de toneladas anuales de azufre y amoníaco expulsados a la atmósfera produciendo malos olores y afectando a la tensión arterial y las vías respiratorias especialmente de las personas de edad avanzada. Una macrogranja de cerdos reconocida con el distintivo de Bienestar Animal situada en el municipio de Quintanilla del Coco (Burgos), está siendo investigada por las malas prácticas de sus instalaciones, habiendo descubierto cientos de animales con graves heridas, deformidades rodeados de gusanos. En las grabaciones incluso se pueden ver lechones agonizando junto a animales muertos en estado de descomposición y hasta desmembrados, animales con enormes hernias, lesiones por la sarna, y ratas corriendo entre los cerdos. No es la primera vez que llegan a la opinión pública situaciones similares. El año pasado se conocieron varios casos en explotaciones avícolas en Tarragona y Sevilla.
El caso de la macrogranja de la provincia de Burgos es más grave si cabe, por contar con el certificado Welfair que distingue las explotaciones donde se garantiza el bienestar de los animales destinados al consumo humano. El Ministerio de Transición Ecológica estima que un 22% de las masas de agua superficial y un 23% de las subterráneas están afectadas por la actividad de la agricultura intensiva y las industrias cárnicas.
Según la información disponible en el Ministerio de Sanidad, la contaminación del agua de consumo humano por nitratos está presente en numerosos municipios de la España vaciada con censos inferiores a 500 habitantes. En concreto, se tiene conocimiento de al menos 197 poblaciones, en las que se superan los niveles de nitratos permitidos para el agua destinada al consumo humano. Según esos datos, se estima que más de un millón de personas en España se han visto en algún momento reciente afectados por episodios de salud originados por la contaminación por nitratos en el agua supuestamente potable. La Comisión Europea reprocha al Reino de España no haber adoptado medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias para remediar la eutrofización en la totalidad del país, a pesar de que los datos disponibles ponen de manifiesto que las medidas previstas en los programas de acción deben ser más eficaces para reducir y prevenir la contaminación de las principales cuencas hidrográficas de la península. Todavía es tiempo para la rectificación antes de que entremos en el punto de no retorno, pero nos tememos que si los políticos siguen mirando hacia otro lado se convertirá en un mal crónico al que no pueda ponerse freno.
Eutiquio Cabrerizo
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