Pensiones: ese milagro que no llega.

Lo más importante es entender bien conceptualmente cómo funcionan las pensiones en España. Es un sistema de reparto. A diferencia de los sistemas de capitalización, uno no cobra en función de lo que ha ido aportando a lo largo de los años, sino que lo hace de lo que se recauda mes a mes vía cotizaciones. Esto es muy importante tenerlo presente. Las pensiones no es algo nuestro, no es un derecho personal. Es algo de todos, es un derecho colectivo que se fundamenta en la solidaridad intergeneracional.

Durante la vida laboral de un trabajador, éste aporta de forma solidaria para sostener las pensiones y, al jubilarse, recibe esa solidaridad de los que en ese momento estén en activo. De esta forma, nadie queda fuera del sistema y se evita que vivir muchos años te condene a la miseria.

¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Si analizamos los datos de octubre de 2016 que proporciona el Gobierno, tenemos que los ingresos han sido de 8.775,21 millones de euros, que es un 3,1% más que el año anterior, y que los gastos en pensiones contributivas han sido de 8.930,97 millones de euros, que es un 3,3% más que el año anterior. Es decir, contando con todos los ingresos, y solo con el coste de las pensiones contributivas, tenemos un déficit mensual de 155,21 millones de euros.

Este déficit no incluye ni pensiones no contributivas, ayudas, subsidios, ni complemento para mínimos. Se trata de la diferencia entre los ingresos y las nóminas ordinarias de los pensionistas. Esto es grave. Hasta ahora, solo era necesario retirar dinero de la hucha de las pensiones para hacer frente a las pagas extraordinarias. A partir de ahora, ni siquiera se podrá hacer frente a las nóminas ordinarias. El deterioro en la viabilidad de las pensiones se resume en dos datos: En 2011 la hucha de las pensiones contaba con 66.815 millones de euros, a día de hoy quedan 15.915 millones de euros. El fondo es tan raquítico, que el Estado ya no podrá hacer frente con él a la paga extraordinaria de diciembre de 2017.

 

En el último año, de octubre de 2015 a octubre de 2016, el número de jubilados ha crecido en 109.337. En total hay 9.458.366 jubilados, y el crecimiento va a mantenerse en el tiempo al menos en los próximos veinte años.

La pensión media de los jubilados en octubre está en 1.433,96 euros en el mismo país en el que, según Agencia Tributaria, un 47% de los trabajadores cobra menos de 1.000 euros brutos al mes. Este es el problema de fondo: los bajos salarios de los trabajadores.

El déficit de las pensiones llegará en 2.017 a los 20.000 millones de euros. Aproximadamente un 2% del PIB. Sin fondo de reserva para poder hacer frente a este desfase, podemos decir que el sistema es inviable y camina hacia un colapso en unos meses si no se toman medidas urgentes.

En definitiva, estamos ante la tormenta perfecta. En un momento el que las élites financieras van a intentar infundir todo el miedo posible con el fin de desmontar el sistema público de pensiones. Saben perfectamente que si no lo consiguen con el sistema a punto de colapsar, no van a poder lograrlo con un sistema saneado. De privatizarse el sistema, o reconvertirlo hacia un sistema de capitalización, habremos cruzado una línea moral sin retorno. Estaremos dando la espalda al sector de población más vulnerable y al que todos debemos lo que somos. Una sociedad que no es solidaria con sus mayores, pierde el derecho a llamarse sociedad.

Las propuestas que hay ahora mismo sobre la mesa pasan por subir la presión fiscal a los asalariados, autónomos y empresas. Pero nadie es capaz de explicar cómo va a lograrse llegar a una recaudación adicional de 20.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta el grado de realismo del Gobierno del Partido Popular para poder entender la divergencia entre sus previsiones y la realidad. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 contaba con unos ingresos por cotizaciones de algo más de 141.000 millones de euros y un superávit de 10.000 millones de euros en números redondos. Alejarse más de la realidad es imposible. Con esta visión cortoplacista y miope, han ido dando tumbos hasta dejar el Fondo de Reserva arrasado.

Ya va siendo hora de ser realistas y de aprovechar esta crisis para reestructurar el sistema. Pero no para privatizarlo, sino para hacerlo más justo. Porque las pensiones son el espejo de un sistema de retribuciones profundamente insolidario donde coexisten pensiones de poco más de 600 euros, con pensiones de casi 2.600 euros. Hay que tener en cuenta que hablamos de personas que no están en situación de generar ingresos, por lo que no tienen otra forma de vivir que a través de su pensión.

Una mentira que a base de repetirla se ha llegado a convertir en un mantra recurrente, es que cobran más jubilación aquellos que más han aportado al sistema. Esto es rigurosamente falso. Es una mentira tan injusta que debería avergonzar a quien lo mantiene. Cobra una pensión más alta quien se ajusta mejor a los requisitos que marca el sistema, no a quien más ha cotizado. Actualmente, hay personas que han cotizado menos de veinte años, que se han prejubilado frisando los cincuenta y que están cobrando la pensión máxima, y personas que han cotizado durante más de cuarenta años, que han sufrido una situación de desempleo en una edad tardía o que han sufrido una merma en los ingresos en los últimos años y que cobran pensiones bajísimas a pesar de haber contribuido mucho más que otros. De hecho, las mejores pensiones, por regla general, corresponden a los prejubilados.

Por eso es tan sangrante la insolidaridad con las pensiones más bajas. No puede hacerse una reforma de viabilidad sin subir las pensiones más bajas. En primer lugar, por justicia y solidaridad y, en segundo lugar, por un motivo meramente económico. Los jubilados con pensiones más bajas dedican íntegramente su nómina a consumo interno y una parte de ella retorna al Estado vía impuestos indirectos. En cambio, los jubilados con pensiones más altas, dedican una parte significativa de su nómina al ahorro. Y ese no es el concepto de la pensión de jubilación. Ni se trata, o no debería tratarse de premiar al que más ha ingresado durante su vida laboral y castigar a quien menos ha ingresado. Se trata de establecer un sistema justo que permita llevar una vida digna a los ciudadanos que ya no están en edad de trabajar.

La única forma de hacer viable el sistema es reducir las prestaciones más altas y subir las pensiones más bajas, vinculándolas al salario mínimo interprofesional (SMI). La pensión mínima tendría que ser, al menos, igual que el SMI. Subir la pensión mínima al SMI, podría hacerse mediante complemento para mínimos, lo que no afectaría al déficit de la Seguridad Social y el coste sería muy limitado, de unos 200 millones de euros, incluyendo las pensiones de viudedad. A día de hoy, hay viudas cobrando una paga de 481,60 € al mes. Con un coste muy limitado, estaríamos mejorando las condiciones de vida de más de la tercera parte de los pensionistas.

En el otro extremo, un 13% de pensionistas cobra el 40% de todo lo que se destina a pensiones. Es este sector el que tiene que ser solidario con el resto y sobre el que debe recaer el esfuerzo de hacer el sistema viable. No podemos condenar un sistema ni abocarlo a la privatización por una minoría privilegiada. Por un lado, a la población en activo le tocará hacer un esfuerzo, aportando más en sus cotizaciones, por otro, las empresas deben colaborar al menos en la misma medida que la población en activo y, por último, la minoría mejor remunerada debe hacer ser solidaria con el resto de pensionistas. Solo con que ese 13% cobrarse la máxima pensión que cobra el 87% restante, se produciría un ahorro de 13.000 millones de euros. Con un esfuerzo similar de trabajadores en activo y empresas, se podría dar la vuelta a la situación hasta el punto de lograr un superávit que permitiese disponer de un Fondo de Reserva lo suficientemente potente como para garantizar las pensiones presentes y futuras.

Hasta ahora, la actitud de la Ministra Báñez ha sido la de no hacer nada, esperando un milagro. Pero una sociedad democrática avanzada no confía en milagros, sino en medidas justas y solidarias.

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